Maestría en Política Criminal

La Maestría en Política Criminal plantea analizar los procedimientos utilizados por los historiadores para profundizar en el conocimiento de los periodos históricos, haciendo hincapié en la actualización de su concepción histórica desde los puntos de vista teórico, metodológico y fáctico, así como en la utilización de diversos enfoques (como el social, cultural, regional o los que provienen de la micro historia, la antropología histórica, o bien la historia marxista). Además, enfatiza la formación psicopedagógica con el fin de abrir espacios de discusión donde puedan plantearse los obstáculos que se afrontan al enseñar la historia, considerando la edad de los estudiantes. Evitar la simple transmisión de datos enciclopédicos, priorizando el análisis para acceder al conocimiento.

Descripción general de la estructura y organización de los estudios de la Maestría en Política Criminal
La estructura general de las maestrías se organiza por campos de conocimiento, que para el caso de la Maestría en Política Criminal, lo constituye el campo de conocimiento de la misma denominación.
Las actividades académicas que el alumno cursa se organizan de acuerdo al campo de conocimiento de política criminal. El Comité Académico asigna un tutor principal y, en su caso, un comité tutor para cada alumno.
Los alumnos cubrirán sus 90 créditos de la siguiente manera:

30 créditos cursando 5 actividades académicas obligatorias de elección del respectivo plan de estudios.
Los 60 créditos restantes lo podrán cubrir con actividades académicas optativas de elección por campo de conocimiento, elegidas conjuntamente con su tutor principal y, en su caso, avaladas por el comité tutor y aprobadas por el Comité Académico, en concordancia con el plan de estudios. Las actividades académicas podrán ser ampliadas, a juicio del Comité Académico.
Para el caso de los alumnos que hayan ingresado con el diploma o grado de especialización del Programa Único de Especializaciones en Derecho de la UNAM sólo cubrirán 54 créditos, en virtud de que se le revalidarán sus estudios previos (40% = 36 créditos), de acuerdo con los Lineamientos Generales de Estudios de Posgrado y Normas Operativas del Programa.  El alumno que ingrese bajo el esquema señalado deberá acreditar 54 créditos de la siguiente manera:

30 créditos correspondientes a 5 actividades académicas obligatorias de elección del respectivo plan de estudios.
Los 24 créditos restantes lo podrán cubrir con actividades académicas optativas de elección por campo de conocimiento, elegidas conjuntamente con su tutor principal y, en su caso, avaladas por el comité tutor y aprobadas por el Comité Académico, en concordancia con el plan de estudios

-Presentar título de licenciatura y certificado de estudios con promedio mínimo de 8.0. -Los aspirantes que hayan concluido alguna Especialización en Derecho de la UNAM y que ostenten el diploma o grado correspondiente, acreditarán el promedio mínimo de 8 con el certificado de estudios respectivo. -En el caso de aspirantes egresados de la UNAM o de instituciones incorporadas a la misma, que opten por los estudios de posgrado como modalidad de titulación, deberán presentar el dictamen emitido por la Secretaría de Asuntos Escolares de su Facultad o de la entidad respectiva. -Presentar el anteproyecto de investigación. -Presentar una carta compromiso, dirigida al Comité Académico con la exposición de motivos para ingresar al plan de estudios de la Maestría de su interés, donde exprese su aceptación del --Programa y manifieste su disposición a cumplir con las actividades académicas que le sean asignadas.

Formar Maestros con alto sentido crítico en el contexto normativo y empírico, que les permita diseñar y evaluar las políticas del Estado para la prevención y sanción de conductas antisociales, tanto en el orden de los fundamentos sustantivos y adjetivos, los fines y los presupuestos de la pena, como en relación con las modalidades de ejecución y sustitutivos penales. Capacitar e iniciar al alumno en la investigación interdisciplinaria en torno a las políticas públicas de control social.